Dentro de las pólizas de seguros para comunidades de propietarios, la defensa jurídica es una cobertura fundamental que protege legalmente a la comunidad ante conflictos o reclamaciones. Esta garantía permite afrontar gastos legales y recibir asistencia jurídica especializada sin que la comunidad tenga que asumir todo el coste del proceso.
Asesoría jurídica telefónica o defensa con representación legal
Cuando nos referimos a este tipo de garantías o coberturas, en algunas ocasiones se nombra como asesoría jurídica y en otras ocasiones se dice defensa jurídica. Expliquemos ambos conceptos. La asesoría jurídica telefónica es un servicio de consulta legal inmediata para resolver dudas sobre normativa de propiedad horizontal, contratos, problemas con vecinos, etc. Sin embargo, cuando hablamos de defensa jurídica con representación legal hace referencia a la cobertura de la intervención de abogados, procuradores y peritos, ya sea para reclamar o para defender a la comunidad ante demandas o denuncias.
¿Qué cubre la defensa jurídica en las comunidades de propietarios?
Siempre lo decimos cuando explicamos lo que cubre cualquier cobertura de seguro de comunidad y en esta ocasión no será una excepción sino todo lo contrario. En esta garantía, hay diferencias muy grandes en cuanto lo que incluyen unas aseguradoras y otras. Incluso algunas compañías tienen una versión básica y otra ampliada de la defensa jurídica.
En cualquier caso, vamos a exponer las garantías habituales que se incluyen en la defensa jurídica de la mayoría de pólizas de seguros de comunidad:
- Honorarios de abogados (tanto de libre elección como designados por la aseguradora).
- Gastos judiciales: tasas, procuradores, peritajes, notificaciones.
- Reclamación de daños sufridos por la comunidad.
- Defensa penal, en caso de ser denunciada la comunidad o la junta rectora (no todas las compañías lo incluyen).
- Asistencia extrajudicial, incluyendo negociaciones o gestiones previas al juicio.
- En algunos casos la redacción y revisión de documentos legales, como contratos con proveedores o acuerdos vecinales (según póliza)
¿En qué situaciones puede usarse?
Esta cobertura resulta especialmente útil en casos como la reclamación de cuotas impagadas por parte de vecinos, así como en conflictos por ruidos, obras o el uso indebido de zonas comunes. También se aplica cuando la comunidad debe defenderse ante denuncias de terceros.
Además, puede activarse en disputas contractuales con proveedores de servicios (limpieza, mantenimiento, etc.), o en conflictos con otras comunidades o con la aseguradora por desacuerdos en la cobertura de siniestros.
Límites y exclusiones
Si lees detenidamente el condicionado general de cada compañía, verás que normalmente fijan un límite de gastos legales cubiertos. En algunos casos son hasta 3.000 € por siniestro. En otras ocasiones el condicionado general te indicará: suma asegurada según condiciones particulares.
Respecto a las exclusiones habituales podemos encontrarnos de forma generalizada con litigios surgidos antes de contratar la póliza. También ocurre lo mismo con casos de mala fe o negligencia intencionada o con multas o sanciones impuestas por tribunales.
¿Se puede elegir abogado?
Sí, aunque depende de la compañía. Algunas permiten la libre elección de abogado, con límite de reembolso. Otras obligan a usar su red jurídica colaboradora. Nuestro consejo es que compruebes si vuestra póliza permite libre elección y cuál es el importe máximo cubierto.
Tener esta cobertura no es un lujo, es una necesidad. Los conflictos legales en comunidades no son raros, y contar con defensa jurídica puede ahorrar miles de euros y muchos dolores de cabeza.
En Vida SR somos una correduría de seguros experta en seguros de comunidades y estamos a tu disposición.
